Van por Edel y los «Socios» de Yunes Linares

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Edel Alvarez Peña, magistrado presidente del TSJE Foto: Paty Barradas / Fotover

Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), tiene planeadas sendas auditorías a la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV., propiedad de los empresarios Francisco y Javier Ruiz Anitúa (Socios Financiadores de la campaña electoral de Yunes Linares en 2016).

Estos empresarios podrían estar relacionados con empresas dedicadas al presunto lavado de dinero en paraísos fiscales, y a quienes les fueron otorgados contratos por más de $800 millones de pesos para la construcción de las ciudades judiciales con las cuales se endeudó por más 40 años al Tribunal del Justicia del Estado de Veracruz.

La revisión forma parte del calendario de auditorías de la revisión de la Cuenta Pública del 2018, que debe iniciar a más tardar el 1 de mayo, que se debe aprobar a más tardar el 31 de octubre de este año, como parte de la fiscalización superior de los poderes públicos y los órganos autónomos.

A la fecha el Órgano de Fiscalización tiene reportada la conclusión de tan sólo 3, de las 12 ciudades judiciales que fueron concesionadas a la desarrolladora de la familia Ruíz que se creó en el mes de mayo del año 2018.

La empresa está integrada por las firmas Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.

El Auditor General del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez confirmó que se tienen programadas las revisiones tanto al proceso de licitación, como a la construcción de las obras.

“En el caso de las ciudades judiciales, nosotros ya iniciamos con el proceso de planeación, ya tenemos datos y documentación que nos dio el Tribunal de Justicia. Estamos trabajando en él y va a ser una auditoría de legalidad y una auditoría técnica-financiera de una muestra representativa”, explicó el Auditor.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Fiscalización del Estado, las Cuentas Públicas del año anterior, serán presentadas por los Entes Fiscalizables al Congreso, a más tardar el día 30 de abril.

La auditoría comprende la evaluación de los principales procesos del Ente Fiscalizable para obtener una visión completa de su gestión y puede ser específica en cuanto a la fiscalización de una política, programa, actividad institucional, régimen, concepto de gasto o sistema, cuya ejecución o aplicación es concurrente con el Ente Fiscalizable.

La auditoría de legalidad, es aquella que tiene por objeto revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad.

La familia Ruiz Anitúa, recibió de modo directo 12 contratos de obra por parte del Poder Judicial de Veracruz, para la construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz, por un monto de $849 millones de pesos.

A los hermanos Ruiz Anitúa(Francisco José y Javier Antonio), los han acusado de lavar dinero en paraísos fiscales de Panamá; también se les relaciona a empresas fantasma que desviaron millones de pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz, apoyados por los priistas Roberto Borges y Javier Duarte, ambos encarcelados por delitos de corrupción.

En 2018 los empresarios formalizaron la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra seis constructoras, lo que les permitió conseguir los contratos para la edificación de las Ciudades Judiciales en Veracruz, a cargo de Edel Álvarez Peña y por instrucciones directas de Miguel Ángel Yunes Linares.

La concesión de las ciudades fue de irregular de principio a fin, y podría alcanzar al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez. Quién licitó la construcción de 20 inmuebles, cuando el Congreso local sólo autorizó la edificación, a través de la figura de la asociación público-privada, para 17 distritos judiciales.

A la fecha, según el Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV firmó 12 contratos para la edificación de la infraestructura judicial; sin embargo, su acta constitutiva como sociedad mercantil, proyectaba la cimentación de tan sólo 5.

Los contratos, la autorización y el número de obras asignadas no coincide en número, en cambio todo fue aprobado para la sociedad de los Ruiz Anitúa y entregado en un plazo de apenas 33 días.

Datos del Registro Público de Comercio establece que la sociedad Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV., se formalizó el 22 de mayo del año 2018 ante el Notario Público, Rafael de la Huerta Manjarrez.

El documento consultado detalla que Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV cuenta con un Consejo de Administración integrado por: Francisco José Ruiz Anitúa, Presidente; Carlos Francisco Nachón García, Secretario; Alfonso Díaz De Vega Tesorero; y Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno como vocales.

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